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Alcalde de San Lorenzo fue imputado por el presunto delito de malversación

El Ministerio Público imputó formalmente al  alcalde del municipio de San Lorenzo, Juan Carlos Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de malversación  e incumplimiento de deberes por el proyecto “Adecuación Infraestructura de Unidades Productivas Fase II”. El fiscal director funcional de la investigación, Gilbert Muñoz, indicó que en la imputación solicitaron la aplicación de medidas cautelares de carácter real, como la hipoteca y anotación preventiva de sus bienes.

La imputación formal fue presentada el miércoles 24 de octubre, en el Juzgado Tercero de Instrucción en Materia Penal, presidido por la jueza María Candelaria Peñarrieta, quien ahora deberá definir la fecha de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El fiscal recordó que el caso fue denunciado, hace seis meses por el ciudadano Richard Tastaca  y luego por el presidente del Concejo Municipal de San Lorenzo, quienes observaron supuestas irregularidades en el proyecto “Adecuación Infraestructura de Unidades Productivas Fase II”; ya  que se habría realizado la adquisición de  cuatro vehículos y otras tareas propias del proyecto sin informar el ente fiscalizador, tal cual establece la normativa.

Indicó que tras la documentación obtenida del mismo municipio y de otras entidades, en la primera etapa se concluyó que existen tres víctimas: la Gobernación de Tarija, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Municipal de San Lorenzo, ya que los cuatro vehículos adquiridos se lo habría realizado sin realizar el estudio TESA (Técnico, Económico, Social, Ambiental), sustento del proyecto, pero además no se habría informado al Concejo sobre la ejecución del proyecto.

“Esto significa provisionalmente que se habría evadido los sistemas de control establecidos, y es por eso que el Ministerio Público ha presentado la imputación penal,  por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes por omitir informar al Concejo Municipal para obtener la autorización; y también por malversación porque en el proyecto no se establecía la adquisición de los cuatro vehículos”, explicó.

Aclaró que esta es una conclusión provisional, ya que a partir de la presentación de la imputación comenzará la etapa preparatoria cuya finalidad es que la persona que está siendo investigada, el alcalde, ejerza su derecho a la defensa.

“Lo que también se ha establecido es que la disposición para la adquisición de los vehículos alcanzaría a un monto de 940.992 bolivianos, y como consecuencia de ello se ha solicitado la imposición de medidas cautelares de carácter real, con la finalidad de garantizar cualquier daño causado al Estado boliviano y a las víctimas, por consiguiente estamos esperando la decisión de la jueza”, apuntó.

El País

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