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Políticos del MAS frenan desalojo en terrenos en la zona de Torrecillas

Miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) frenaron el desalojo de 40 familias en la zona de Torrecillas que está en la jurisdicción del cantón Morros Blancos de la provincia Cercado.

Existe una orden de desapoderamiento que fue emitida el 21 de agosto por la juez Mirtha Varas Castrillo del Tribunal Agrario, a favor de Gabriel Párraga Velásquez y en contra del ex dirigente del Movimiento Sin Techo y actual Asambleísta Ramiro Burgos, Paul Castellanos Mealla, Bernardo Álvaro Baldivieso Castellanos, Yamil Milton Castellanos Cortés y Diego Romero Castellanos.


La orden intentó ser ejecutada a las 08.30 del jueves 10 de octubre, con más de 90 efectivos de la Policía Boliviana que acompañaron la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para evitar que haya abusos en contra de los menores de edad.

Al momento de ejecutarse la orden y en medio de la discusión entre los desalojados y la Policía, llegaron los asambleístas Marcelo Poma y Ramiro Burgos, además de la directora del Programa de Aguas Subterráneas de Tarija (PRODASUT), Aydé López Cayo, esta última para defender un terreno que tiene en la zona.

Poma llegó a la zona y exigió el documento de desapoderamiento, cuestionando la actitud judicial, puesto que la orden nombraba personas que no eran los que actualmente viven en la zona y buscó los recovecos para frenar la intervención.

“Vine para ayudar a los compañeros y para evitar que se cometan abusos—indicó Poma–no podemos permitir que haya excesos, la orden no expresa demolición de viviendas como están haciendo, no explica que ningún bien debe ser destruido”. Poma era dirigente del MGST en la época en que se produjo la compra y posterior venta.

Por su parte, Burgos, quien era en su momento representante y apoderado para la compra de los terrenos para las familias afectadas, dijo que la compra fue legal y se la hizo a la familia Castellanos que ganó esos terrenos en un remate judicial. El costo por lote de 300 metros cuadrados fue de 380 dólares, aunque algunos vecinos manejaban cifras de hasta mil dólares.
“Cualquier pendejo viene y quiere apoderarse de terrenos, no voy a permitir que esto  ocurra, nosotros ganamos dos procesos—dijo Burgos—aquí existe un exceso y si fuera poco daré mi vida para evitar este desalojo”.

 Cuarto intermedio al desalojo

Ante la presión política y pedido de las familias afectadas, los ganadores del fallo judicial dieron un cuarto intermedio a la intervención con la fuerza pública hasta el sábado 12 de octubre, para que las familias puedan retirar sus pertenencias y el material de construcción de la zona.

El Nacional

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