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Imputan a Lino y éste será cautelado en 2014 por caso asfaltado Iscayachi-Final Copacabana

El fiscal de materia anticorrupción del Ministerio Público de la ciudad de Tarija, Wilson Ramírez, presentó en los últimos días una imputación formal en contra del gobernador interino del departamento, Lino Condori Aramayo, y otras cinco personas más, por el delito de incumplimiento de deberes en el asfaltado del tramo carretero Iscayachi - Final Copacabana. 

Gilbert Muñoz, Fiscal de distrito, fue el responsable de dar esta información. “Incumplimiento de deberes es el hecho que se atribuye en este caso y otros delitos a las otras personas que están dentro de este proceso”, fueron las palabras de Muñoz quien dijo que ahora esta imputación está en manos del Órgano Judicial para que señalen audiencia, toda vez que como Fiscalía se habrían solicitado medidas cautelares para todos los imputados en este caso.

Según el requerimiento de imputación los involucrados por este caso con indicios de responsabilidad penal son el gobernador interino Lino Condori Aramayo, además de Humberto Santos García Fernández, Fernando Nelson Cruz Arancibia, Indira Lizbeth Trujillo Arandia y Alberto Benítez Reynoso, exdirector del Servicio Departamental de Caminos, sobre quienes existen, según el fiscal, indicios de la comisión del delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 154 del Código Penal.

Pero la imputación incluye también a Manuel Javier Fernando Solís, representante legal de la empresa constructora a la que se adjudicó la obra  vial Iscayachi - Final Copacabana, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, tipificado en el artículo 203 del Código Penal.

Entretanto el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de la Capital, presidido por el juez Walter Chumacero, fijó para el 5 de marzo de 2014, a horas 15:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares contra el gobernador interino Lino Condori Aramayo y otros.

El proceso ingresó el 27 de noviembre de 2011, el número de denuncia es el TAR 2459/11 y el número de expediente en el juzgado es el 60119920109932.
 “Señalase audiencia de medida cautelar personal el 05 de marzo de 2014, a horas 15:30 p.m. En cuanto a la petición de medida cautelar real estese a la resolución de fecha 22 de febrero del 2012 años”, señala la resolución del juez. Asimismo, aclara que “el señalamiento se lo realiza en la fecha debido a existir otras audiencias señaladas con anterioridad y no encontrarse de por medio la libertad”.

La denuncia

Según datos de la prensa, el 3 de diciembre del 2011, los asambleístas Alejandra Marsili, Johnny Torres Terzo, María Lourdes Vaca Vidaurre, Sara Cuevas Velásquez e Isabel del Carpio Borda de Ocampo interpusieron denuncia por presuntos delitos de corrupción pública contra funcionarios dependientes de la Gobernación y el gobernador Lino Condori Aramayo, por el proyecto “Construcción Asfaltado Iscayachi Final Copacabana”, en el que la constructora “Asociación Accidental Vial Copacabana” se adjudicó la obra, presuntamente, mediante facilidades que los trabajadores públicos dieron a la empresa.

La denuncia señalaba que la “Asociación Accidental Vial Copacabana” se presentó al concurso para la adjudicación de la obra sin la documentación estrictamente requerida, beneficiándose, por lo tanto, de las posibles acciones de los funcionarios que gestionaron el contrato que estuvo en concreto controlado por el Servicio Departamental de Caminos, (Sedeca).

Lino Condori no fue notificado

Sobre el tema, el director de Transparencia de la Gobernación, Gilmar Pairema, dijo que por el momento, y hasta el cierre de la jornada de ayer en la tarde, la Dirección de Transparencia no fue notificada oficialmente con la imputación, por lo que una vez que llegue esto de manera formal recién podrán emitir un criterio al respecto.

Sobre la consulta de cómo se defenderá el gobernador, explicó que cuando se trata de una situación que va en contra del Gobernador, éste contrata el patrocino de abogados externos. Resaltó que de ninguna manera pueden defenderlo abogados dependientes de la Gobernación para que el gobernador asuma defensa. “Él está consciente de esta situación y ante cualquier caso contratará su propio abogado y asumirá su defensa como lo ha venido haciendo”, dijo.

De la misma manera, el gobernador Lino Condori dijo que por el momento no tiene nada oficial, “no me he comunicado con mi abogado porque está de viaje por lo que por el momento no podría emitir un criterio hasta tener algo oficial”, explicó.

Denunciantes no conocían
la imputación

Sobre la imputación a Condori, una de las denunciantes de este caso indicó no conocer oficialmente el documento, debido a que su persona como denunciante tampoco fue notificada; sin embargo señaló que espera que la justicia actué de manera independiente “como debe ser”.

De la misma manera el asambleísta por Camino al Cambio (CC), Johnny Torres, dijo que espera que se haga justicia, resaltó que los casos avanzan mucho más contra los opositores, “imagínese que en casos absolutamente irrelevantes como es en mi caso donde me han denunciado por unos pasajes ida y vuelta a Cochabamba yo tengo imputación y en semejantes casos no”, dijo.  Añadió que continuarán en esta investigación y resaltó que espera que la Fiscalía cumpla con su rol que no sólo es investigar sino precautelar lo intereses del Estado.

Fiscales se negaron a dar información a El País

Respecto a esta situación, este medio intentó comunicarse con el Fiscal Wilson Ramírez, quien se negó a brindarnos información al respecto, reprochándonos de dónde obtuvimos su teléfono privado y cortando intempestivamente la llamada.

De igual manera, aunque con mejores formas, el Fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, pidió a El País visitar su oficina el día lunes para brindar la información requerida.

Gonzales marcha hacia Sucre para denunciar burocracia en Ministerio Público

De manera coincidente con la denuncia de retardación de justicia en los casos que rodean a la Gobernación, surgió la imputación formal contra Lino Condori. Entre tanto, el marchista Edgar Gonzales y el abogado Tamer Medina, desarrollan una caminata forzosa de Potosí a Sucre, a fin de plantear temas distintos, pero con un denominador común, según dijeron, que es la burocracia, la retardación de justicia y falta de actuaciones oportunas en el Ministerio Público.

“Esperamos que el Fiscal General nos reciba, para plantearle y hacer conocer nuestras preocupaciones”, expresó Medina, al asegurar haber denunciado varios casos de corrupción “y como denunciante sé que hay mucha retardación de justicia del Ministerio Público en hechos de corrupción”.

Medina lamentó que “al ingreso del nuevo Fiscal de Distrito (Gilbert Muñoz), esa comisión en menos de dos meses deja de funcionar y no está trabajando actualmente en los casos denunciados”. “Eso nos preocupa mucho porque definitivamente se está permitiendo que muchos delitos que se han cometido por dirigentes y personas delincuentes que se están ubicando en asentamientos, impunidad por falta de actuación del Ministerio Público”, aseguró.

“Por medios de comunicación se muestra una nueva Fiscalía, un nuevo Ministerio Público eficiente y transparente, que en Tarija no lo hay; esa justicia la buscaremos en Sucre”, afirmó.

El País

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