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¿Lino imputado? Crece rumor entre silencios

Ni el Fiscal Wilson Ramírez, ni el juez Walter Chumacero, ni la secretaria de Justicia, Ruth Albarracín, quieren confirmar el hecho, pero los rumores se han disparado y varias fuentes extraoficiales confirman que en la oficina de Notificaciones se encontrarían cinco imputaciones formales destinadas a los denunciados por la vía Iscayachi – Final Copacabana, entre los que el principal acusado sería el Gobernador interino y Máxima Autoridad Ejecutiva, Lino Condori Aramayo.
¿Lino imputado? Crece rumor entre silencios


La denuncia interpuesta por la Asamblea Legislativa y la bancada de Camino al Cambio acumula ya más de dos años desde que fue presentada, sin embargo, los avances habían sido mínimos hasta las imputaciones supuestamente ya redactadas. Cabe señalar que según el artículo 134 del Código de Procesamiento Penal, la etapa de investigación no puede ampliarse más allá de 18 meses, y de lo contrario, el juez debe exigir una conclusión.

La carretera emblemática
Cabe recordar que la obra carretera Iscayachi – Final Copacabana es una de las más emblemáticas licitadas por el Gobernador Condori y una de las pocas licitaciones internacionales llevadas adelante, junto al tramo Bermejo – San Antonio, adjudicado, y la Avenida Ecológica, que ya va por la tercera licitación frustrada.
La vía  fue licitada el 5 de julio de 2011 con un precio referencial de 174.463.790,16 bolivianos, un plazo de ejecución de 24 meses con 6 más para su recepción definitiva.
La obra fue adjudicada por el entonces director del Servicio Departamental de Caminos, Alberto Benítez Reynoso, quien saldría del cargo meses después, a la Asociación Accidental “Vial Copacabana” por un monto de 160.024.548,60 bolivianos. La orden de proceder y el desembolso del anticipo fue entregado en su plazo. Poco después llegarían las denuncias por parte de la Asamblea Legislativa, donde se detectaron un conjunto de irregularidades respecto al Decreto Supremo 181 que rige estas contrataciones.

De acuerdo a la denuncia, cuatro son las irregularidades encontradas; favorecimiento de la empresa adjudicada, constitución defectuosa de la Asociación Accidental, falta de licencia ambiental, y falta de publicidad y transparencia. En cada uno de los puntos se aportan diferentes pruebas y se imputan los delitos de Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Falsedad Ideológica, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Respecto al favorecimiento de la empresa adjudicada, la denuncia señala que la asociación no demostró la experiencia mínima exigida en el decreto. Esto es, que para adjudicar una obra de 160 millones debería haber demostrado el doble en actas de entrega definitiva en obras similares, sin embargo, el montante apenas sumaba 82 millones de bolivianos y se advierte modificaciones en el Documento Base de Contratación.

Sobre la constitución irregular de la asociación, indica que no se establecen los porcentajes de participación de cada una de las empresas, además de no acreditar suficientemente a los profesionales implicados.

Sobre la falta de Licencia Ambiental, se indica que se utilizó una existente para la vía Iscayachi – Tojo – Carretas, obviando el paso del trazo de la vía por una reserva ecológica.

Sobre la falta de transparencia, la denuncia indica que los plazos, los horarios y las reuniones de aclaración no se manejaron de acuerdo a la norma.

Sin comunicación
La secretaria de Justicia, Ruth Albarracín no quiso dar detalles al respecto, alegando que “no se pueden realizar notas por teléfono”. Cabe señalar que de proceder la imputación, las leyes conminan a la Gobernación a presentarse como parte interesada.

El Nacional

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