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Tres mujeres por día son violentadas en la “caliente” ciudad de Yacuiba

A la una treinta de la madrugada del 10 de enero, la Policía Silvia Alarcón Coronado (23 años) oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) se desangraba en el piso de las instalaciones de su puesto de trabajo, suplicando clemencia, tras recibir el impacto de dos balas en el bajo vientre, disparadas por su concubino y camarada, el policía René Omar Ramírez Ortega (21 años). 

Fueron quince en total los proyectiles disparados por el Dragoneante Ramírez, quien en supuesto estado de ebriedad y cegado por los celos hirió además con una bala perdida a Zulema Baldivieso, una mujer que presentaba una denuncia de violencia familiar y a otro camarada que resultó herido al intentar disuadirlo, entre gritos e insultos, para que baje el arma.

El tiroteo registrado a través de la filmación de un vecino desde un segundo piso, fue transmitido en televisión y se encuentra disponible en la Internet vía Youtube.com. En las imágenes puede observarse cómo el oficial agresor es reducido con dos disparos (uno en el pie derecho y otro en el muslo) por sus ocho camaradas que lo rodean, mientras la víctima es transportada de urgencia al Hospital Rubén Zelaya.

El viernes 24 de enero, se realizó una marcha en reclamo de la retardación del proceso investigativo, debido a que el juez a cargo del caso aún no dictó sentencia. La oficial Alarcón se encuentra internada en una clínica privada en La Paz (que la institución policial cubre a medias), mientras el agresor se encuentra hospitalizado en la Caja Nacional aún con goce de haberes.

Ley 348 sin beneficios

La Teniente Claudia Alison Crespo Cuéllar, Directora Interina FELCC y la FELCV, aclaró que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), es una norma que beneficia a hombres y mujeres, sin preferencia jurídica entre ambos sexos, en concordancia a la Constitución que dicta la igualdad entre géneros.

“Entre mujeres y hombres no existe ninguna diferencia. Mucha gente cree que la Ley 348 es una norma que trae preferencias para las mujeres. Pero es en general para las personas víctimas de violencia. También hemos recibido casos de hombres que han sufrido algún tipo de violencia”, explicó la directora.

Para la directora del Servicio Legal Integral Municipal de Yacuiba (Slim), Magdalena de La Vega, la Ley 348 contiene vacíos legales que dificultan su implementación, por lo cual observa la necesidad de elaborar una reglamentación.

“Tenemos dificultades de implementación e interpretación, porque existen vacíos legales. Hace falta una reglamentación que establezca una asignación presupuestaria obligatoria, y mecanismos para delegar responsables en áreas urbanas y rurales”, señaló la responsable municipal.

Durante la marcha de la familia Alarcón, se extrañó la presencia de oficiales de la “verde olivo”, tanto de hombres como de mujeres. Los familiares de la víctima se declararon preocupados por el accionar de la institución, y se quejaron de supuestos favoritismos ante el agresor, que no ha sido relevado de su cargo, pese a anuncios desde la Comandancia Departamental de la Policía. Añadido a esto el agresor consiguió más días de baja médica, 55 días de impedimento contra 35 días de impedimento para la víctima.

Casos en Yacuiba

Según datos del Servicio Legal Integral Municipal de Yacuiba (Slim), cada día al menos tres mujeres sufren algún tipo de violencia física o psicológica; promediando los 62 casos por mes, en el 80% de los casos registrados en el área urbana.

El índice preocupa a la sociedad civil,  aunque está lejos de los registros de ciudades del eje troncal, como es el caso de La Paz, donde el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), registra un promedio de 25 denuncias por día.

La balacera en el seno de las oficinas de la unidad contra la violencia de la Policía, es el primer caso registrado en los medios de comunicación de la capital chaqueña en lo que va del año, no obstante, en 2013 fueron numerosos los casos y las marchas contra la violencia.

Estuvo el caso registrado en junio, donde una colegiala fue golpeada por un ex jefe de la Policía, o el caso de violación contra una menor de 12 años por parte de un empleado público que trabajaba como profesor de baile. En diciembre de 2013 se registró también el caso de una menor que murió a causa de un intento frustrado de robo en la zona del Mercado Campesino.

Carmen Rosa Alarcón Coronado, hermana de la oficial, declaró entre lágrimas, que la marcha se realizó para sensibilizar a las autoridades, buscando que comiencen una campaña de educación y prevención contra el maltrato hacia la mujer. “No queremos más victimas como mi hermana.

Queremos que haya justicia y que los responsables paguen sus culpas. Mi hermana era una persona sana, practicaba deporte (básquet) y ahora está en riego de no volver a caminar”, agregó Alarcón.
 
Agresión con pre aviso

Los cadetes Alarcón y Ramírez se conocieran en la Escuela Básica Policial. La familia de Silvia, la menor de seis hermanas, le dio pleno apoyo cuando decidió ser Policía. Cuando presentó a su novio estuvieron de acuerdo, porque la relación era formal. Recuerdan que en 2013, tuvieron un altercado en vía pública, donde él sujeto la sometió de los cabellos con fuerza a dentro de un vehículo. Desde entonces le advirtieron del peligro aunque estaban en planes de casarse.

Una chaqueña al mando

La Teniente Claudia Alison Crespo Cuéllar, Directora Interina de la Felcc y la Felcv, lleva cuatro meses al frente de la institución. Está casada y tiene una hija de cinco años. Es oriunda del Chaco, bachiller del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, egresada de la Universidad Policial (Unipol) de La Paz, promoción 2001-2005. Habiendo desempeñado funciones por cuatro años, consiguió ser destinada al Chaco. Tiene como misión llegar al más alto rango de la Policía y asegura que cuenta con el respaldo de su familia. Tiene a su cargo a más de 30 policías en ambas unidades.

En “caliente”

“Los policías cometen abusos de poder”, declaró la Jefa del Servicio Legal Integral Municipal de Yacuiba, Magdalena de la Vega, haciendo alusión a los casos que se registran a nivel nacional y local. “Se debería hacer una evaluación a cada uno de los funcionarios. El abuso de poder constituye una vulneración de los derechos e incumplimiento de deberes”, agregó.

El País

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