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El contrabando prolifera en la zona fronteriza de Bermejo

La diferencia de cotización del dólar con respecto al peso argentino acentúa la devaluación en ese país e impacta en la venta de productos de esa nación al territorio boliviano. Si bien la importación legal va en ascenso, lo alarmante es que el contrabando ‘hormiga’ se incrementa en la localidad fronteriza de Bermejo ante el escaso control de los militares y de la Aduana Nacional.

¿Cuál es el motivo del incremento del contrabando? La respuesta es sencilla: un colchón MaxiKing de primera calidad oscila entre Bs 1.000 y 1.500 en Aguas Blancas (Argentina) y en Bermejo (Bolivia). Normalmente, este artículo vale entre Bs 2.000 y 2.500 en el mercado legal.

Un quintal de harina se lo encuentra en Bs 100 (antes Bs 190); las 24 unidades de picadillo cuestan Bs 35 en la nación vecina y en Bermejo se las negocia en Bs 40; los cinco litros de aceite Indigo cuestan entre Bs 40 y 45, mientras que en el territorio nacional suben a Bs 50; la bolsa de 5 kilos de fideo Kotella cuesta Bs 30 (antes 32); un frasco grande de durazno, Bs 50 y en Bolivia, 60; una botella de vino Viñas de Balbo se la encuentra hasta en Bs 5, mientras que en Bolivia cuesta Bs 20.

Lo preocupante es la falta de control de las autoridades nacionales. Un equipo periodístico de El DEBER constató tal situación en Bermejo. En menos de media hora, una decena de chalanas (balsas fabricadas con neumáticos) transportan todo tipo de productos. Pero no solo eso, sino que por el puente internacional también pasan a pie con sus carritos repletos de mercancías. Los denominados bagayeros superan los 500.

Está a la vista de todos. Sobre las arenas del río Bermejo se forman hileras humanas separadas por 350 metros. En la primera se realizan los controles de Migración y Aduana a todos los que ingresan y salen del país. En la segunda, unos hombres cargan bultos grandes y avanzan a toda marcha, en una perfecta imitación de las hormigas. En este lugar de vegetación exuberante los caminos se multiplican y los controles pierden efectividad.

Si bien hay personal de Migración, de la Aduana y alguna presencia policial, el número es insuficiente para ejercer un control a lo largo de más de 100 kilómetros de esa frontera. Lo extraño es que en las mismas narices de la Capitanía de Puerto Mayor ocurren estos  hechos.

La otra cara de la moneda se da en Aguas Blancas y en Orán de la provincia Salta, donde más de 30 personas de Migración, de la Gendarmería y funcionarios aduaneros evitan el paso de cualquier mercancía boliviana a ese país. “En Bolivia, alegremente se deja pasar casi de todo. Aquí hay un sector poderoso (gremiales) que ni el Gobierno se atreve a frenarlos”, dijo un empresario que pidió mantener en reserva su nombre.

La resolución 55 de 2002 establece que cada habitante de frontera, sea de Bermejo, Villazón y Yacuiba, tiene una franquicia que le otorga el Estado mediante la cual puede ingresar productos por un valor de $us 350 cada mes. Sin embargo, estos montos son superados ampliamente.

Para tener una idea del transporte de carga por el río Bermejo, EL DEBER se apostó dos horas a ambos lados de la frontera y evidenció que la tarea es de lo más fácil. No obstante que la ley señala que el paso de mercancías se lo debe hacer solo de 8:00 a 11:00. Sin embargo, desde las 13:00 hasta las 15:00 el comercio ilegal continuaba el miércoles.

Aduana pide apoyo

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y el responsable regional de Bermejo, Ramiro Ávila, admitieron las fallas, pero exigieron el apoyo de la Agencia Nacional para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), por ser la encargada de promover e impulsar el desa -rrollo estratégico económico y social de las zonas fronterizas de forma articulada a los planes y políticas públicas.

“No se mide la ley 100. Pese a todo, la Aduana está accionando operativos con el Ejército, especialmente en Camiri y Boyuibe porque entendemos que por ahí pasa el contrabando. Las chalanas operan a la vista del Ejército y la Fuerza Naval”, criticó Ardaya.

    Otro tema que preocupa es la situación de Yacuiba, donde los bagayeros se han apoderado de los terrenos de la Aduana y se niegan a salir. El predio fue convertido en almacén de los trabajadores.
    Se envió un cuestionario a la dirección general de Ademaf, pero no se obtuvo respuesta.

Pocitos bolivianos

A fines de 2013, el gerente regional de la Aduana de Yacuiba, Carlos Castillo, dijo que solo tenían 12 funcionarios en el control para fiscalizar aproximadamente 1.000 cargadores que se dedican a internar mercancías .

El Deber

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