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Sin atención especializada, enfermos mentales ocupan primer lugar de discapacidad en Tarija

Richard R. (45), discapacitado mental, pasó más de un año en detención preventiva en el penal de Morros Blancos lavando platos para poder comer. Su delito fue acercarse a jugar con una menor de seis años.

Su discapacidad sucedió cuando tenía cinco años, pues una meningitis dañó su cerebro y actualmente Richard posee el cuerpo de un hombre pero la mentalidad de un niño.

Cuando sucedió el incidente por el cual tuvo que pasar parte de su vida dentro del penal (a principios del 2013) Richard no sabía qué era lo que pasaba y porqué los uniformados se acercaban y lo detenían para trasladarlo a la cárcel.

Según el fiscal de materia asignado al caso, Daniel Lobos, Richard se encontraba con detención preventiva por tentativa de rapto a una menor; aspecto que fue determinado en base a un análisis de los informes y pruebas que se presentaron.

Sin embargo, y después de todo el sufrimiento por el cual tuvo que pasar, el fiscal Lobos manifestó que de acuerdo al informe de los psiquiatras “no hay signos de pedofilia, nunca se ha encontrado signos de morbo sexual en esta persona, ni ha comenzado la vida sexual. Fue un niño tratando de jugar con otro niño”.

Esta situación no es la única que se ha registrado en la ciudad y tampoco el único riesgo al que se han visto expuestas las personas con este tipo de discapacidad mental. Según el abogado penal del  Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (Codepedis), Elías Martínez, en Morros Blancos existen actualmente ocho personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, pero lo más “lamentable” es que Tarija no cuenta con un centro de atención especializado, orientado a estas personas.

“Hay personas que son preventivos y otros con condena, entonces a los que son preventivos se les está colaborando con todo lo que se pueda pero también a los que están con condena” agregó Martínez.

Al respecto, la directora del Codepedis, Victoria Ortega, expresó que como institución están muy preocupados por los discapacitados mentales y su carnetización; pero además reveló que de todas las personas con capacidades diferentes, que viven en el departamento, la mayoría son discapacitados intelectuales.

“El porcentaje de discapacidad mental es el que lleva la delantera, tenemos 1.664 personas con discapacidad intelectual  hasta la actualidad.” afirmó Ortega.

Según explica, el Codepedis cuenta con el registro único nacional de personas con discapacidad y por normativa, hacen un  registro sistematizado de todas las personas con esta falencia a nivel departamental.

Tarija no tiene centro especializado

Sobre el tema, el psiquiatra del Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid), Cesar Oliva, explicó que no existen leyes de salud mental en el país y que por ende, al no haber ley, normas, ni jurisprudencia, no existe protección al paciente que sufre algún problema mental.

De esta manera, Oliva expresó que el paciente de salud mental, es un sujeto que se ha degradado entre la sociedad.

“Si me toca padecer locura no puedo ejercer mi carrera, pierdo mis potestades civiles y voy cayendo en la escalera social”, afirma y aclara que el Seguro Universal de Salud Autónomo del Departamento de Tarija (Susat) cubre la salud física pero no la mental, que es parte de un todo. “La salud mental implica un vivir bien pero además, el bienestar psicosocial de un sujeto con la capacidad de sustentar autonomía”, sostuvo.

Según Oliva los pacientes que están bajo tratamiento no son peligrosos, ni tampoco implican un riesgo para la sociedad. “La probabilidad de que un loco cause un ilícito es del 0,02 por ciento, quienes causan un ilícito son personas normales como tú o yo”, argumentó.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Víctor Tavera, reconoció la falta de apoyo en esta área de la salud, por lo que expresó que se están formando diferentes unidades para mejorar la atención. Sin embargo, aclaró que como Sedes tratarán de ayudar con el tratamiento pero no así con la rehabilitación total; toda vez que explicó “se requiere de mucha medicación para atender a los discapacitados mentales”.

Este último sería uno de los principales motivos por los cuales estas atenciones no estarían contempladas en el Susat. “Yo propongo que lleguemos a este campo por la gran demanda que tenemos sobre discapacidad mental”, dijo.

La necesidad de un centro psiquiátrico y el “no importismo de las autoridades”

Según el psiquiatra del Intraid, el año pasado se realizó la propuesta de construir un hospital de cien camas, pero con esto, venía también la promesa referida a que la Gobernación donaría un terreno de 500 metros sobre las avenidas La Paz y Circunvalación; empero, el proyecto continúa estancado debido a que la institución ejecutiva habría priorizado otras obras.

En este sentido y ante la presencia de varios enfermos mentales en el penal, Oliva planteó la necesidad de construir una cárcel modelo, que tenga dentro de su infraestructura un sector neuro psiquiátrico, para toda la población que presenta riesgo.

“En nuestro medio no hay eso, entran a la cárcel común con hacinamiento, en abandono total por parte de sus familiares y tienen que gastar mucho dinero”, lamentó.

Sin embargo, Intraid no es la única institución que demanda la urgencia de un centro especializado, puesto que según la directora de Codepedis, también se habría buscado consolidar este centro, acudiendo inclusive a los ejecutivos seccionales, la secretaría de Desarrollo Social e inclusive, el propio Gobernador.

“Una de las preocupaciones grandes que tiene el Codepedis, es buscar que se construya un centro psiquiátrico para recluir a estas personas y darles el tratamiento correspondiente. Como seres humanos tienen derecho a tener mejores condiciones de vida, en vez de estar amarrados en sus casas, sujetos a que los peguen. La cárcel no es un lugar adecuado para tener a una persona con una capacidad diferente” añadió Ortega.

La imputabilidad

La ley es clara en cuanto a la imputabilidad de los pacientes mentales y la inimputabilidad dependerá del grado de discapacidad intelectual y de que éstos no sean capaces de ser concientes del delito, también como medidas de seguridad podrán ser recluidos en centros psiquiátricos o lugares que garanticen que no causarán daños. Esto fue reconocido por el fiscal de materia, Daniel Lobos, quien expresó esta situación explicando que “usted no puede imputar a una persona que distorsiona la realidad y que ni siquiera sabe por qué se la está juzgando, la ley dice que son imputables, pero que se procederá por procesos y que se los recluirá en centros especializados”. Sin embargo, Lobos relató que cuando Richard R. fue detenido, éste portaba su carnet del Codepedis, y pese a esto, las autoridades policiales igual lo pusieron en reclusión y se lo llevaron a juicio.

Al respecto, Elías Martínez, resaltó que este tipo de personas pueden ser reinsertadas en la sociedad sin riesgo para la misma. “Se lo ha evaluado con un equipo de psiquiatras, no es una persona peligrosa, su edad mental es como la de un niño de seis años”, sostuvo refiriéndose a Richard.

El País

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